Mensaje por Yvan5 » 02 Feb 2025 07:12
Explicado breve e imprecisamente, cuando se compra una cosa de este tipo y cantidad lo primero que se hace es un documento con los requisitos del usuario, luego los especialistas en armamento correspondientes redactan las prescripciones técnicas y se diseñan las pruebas que tiene que pasar el arma.
Eso es lo que reciben las empresas que pretenden hacerse con el contrato y, en respuesta presentan sus modelos, que sufren todas las perrerías correspondientes, puntuando todas las pruebas que se len hacen. Se puntúa también la oferta económica y el mantenimiento ofertado, así como las posibles compensaciones y fabricación nacional, si existen. Los modelos que no pasan la puntuación mínima exigida, en alguno o en todos los conceptos, son eliminados de la liza.
A partir de ahí, la ley de contratos del Estado dice (y esto es muy importante) que, salvo motivo justificado, la licitación tiene que darse a la oferta más económica. Y como motivos justificados suelen contemplarse la falta de seriedad de la empresa en contratos anteriores, dificultades económicas importantes que hagan dudar de la capacidad de la misma, deudas con la SS o similar... actualmente se ha considerado, al menos en un caso, el que no se cumplía la paridad de género en la empresa.
Quiero decir que si la Ramona, o el arma que sea, no es lo que se esperaba, aparte de recurrir a la garantía para cambiar piezas, o sustituirla rápidamente por otra pistola, lo que hay que hacer es ver qué parte de las intervinientes no ha estado a la altura que tenía que estar, o qué requisitos faltan, sobran o hay que modificar para la siguiente oportunidad, y actuar en consecuencia.
Y dejo claro que, desde mi punto de vista, si por negligencia un funcionario hace que el erario público se gaste el dinero de mis impuestos en algo que no sirve, debiera pagarlo de su pecunio particular. Se evitarían muchas tonterías, arbitrariedades y decisiones precipitadas, y no sólo en el campo del material sino - y fundamentalmente - en el de la gestión del personal.
Explicado breve e imprecisamente, cuando se compra una cosa de este tipo y cantidad lo primero que se hace es un documento con los requisitos del usuario, luego los especialistas en armamento correspondientes redactan las prescripciones técnicas y se diseñan las pruebas que tiene que pasar el arma.
Eso es lo que reciben las empresas que pretenden hacerse con el contrato y, en respuesta presentan sus modelos, que sufren todas las perrerías correspondientes, puntuando todas las pruebas que se len hacen. Se puntúa también la oferta económica y el mantenimiento ofertado, así como las posibles compensaciones y fabricación nacional, si existen. Los modelos que no pasan la puntuación mínima exigida, en alguno o en todos los conceptos, son eliminados de la liza.
A partir de ahí, la ley de contratos del Estado dice (y esto es muy importante) que, salvo motivo justificado, la licitación tiene que darse a la oferta más económica. Y como motivos justificados suelen contemplarse la falta de seriedad de la empresa en contratos anteriores, dificultades económicas importantes que hagan dudar de la capacidad de la misma, deudas con la SS o similar... actualmente se ha considerado, al menos en un caso, el que no se cumplía la paridad de género en la empresa.
Quiero decir que si la Ramona, o el arma que sea, no es lo que se esperaba, aparte de recurrir a la garantía para cambiar piezas, o sustituirla rápidamente por otra pistola, lo que hay que hacer es ver qué parte de las intervinientes no ha estado a la altura que tenía que estar, o qué requisitos faltan, sobran o hay que modificar para la siguiente oportunidad, y actuar en consecuencia.
Y dejo claro que, desde mi punto de vista, si por negligencia un funcionario hace que el erario público se gaste el dinero de mis impuestos en algo que no sirve, debiera pagarlo de su pecunio particular. Se evitarían muchas tonterías, arbitrariedades y decisiones precipitadas, y no sólo en el campo del material sino - y fundamentalmente - en el de la gestión del personal.
